Raúl PUENTE-MORALES
Juan Carlos Orihuela Tello señaló que sin prejuicio, falsa demagogia, difamación, dolo, fobia, sesgo, motivación política o cosa que se les parezca, contiene el dictamen de mayoría del informe de la Auditoría Superior de Michoacán.
Presidente de la Comisión Inspectora de la ASM, señaló que dicho dictamen tiene únicamente una naturaleza y un carácter técnico, lo cual indica que no reconoce ni concede valor a “abstracciones fantasiosas, descalificaciones gratuitas y hechos no consolidados, sino exclusivamente a datos y elementos objetivos que constituyan indicio o evidencia probatoria de verdades que pueden estar en los pliegues ocultos de la realidad”.
Orihuela Tello refirió que el dictamen sólo contiene cotejos de cifras y una compulsa fría de elementos, reportes, documentos e informes de auditoría, que se han vuelto contable y jurídicamente relevantes para establecer un juicio sobre lo que probablemente ocurrió con las finanzas públicas del Estado en 2011.
Tres son los elementos en los que versa el dictamen a decir de Orihuela Tello: “”no es personal ni partidista, sino únicamente institucional, por donde se lo vea, porque en la democracia los inventarios, la actividad crítica, las evaluaciones y los dictámenes son parte de una tarea colectiva y sirven a la salud de los gobiernos y las sociedades.
Dijo, “su valor no radica en repartir anatemas al pasado que se fue, tampoco en endilgar etiquetas al presente ni en imponer estigmas de buen o mal comportamiento público, sino en desahogar una de las etapas procesales de la transparencia y la fiscalización, para construir juntos la certeza jurídica de lo que se hizo bien o de lo que se hizo mal”.
Agregó, “el congreso no puede ni debe incurrir en un acto de omisión en relación con sus facultades constitucionales, ni renunciar a ejercer la principal de sus obligaciones jurídicas, como es la de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización en beneficio del interés general y de la verdad”.
Aseguró que la transparencia y la ética en la función pública, no fueron un rasgo que distinguiera al oficio de gobierno en 2011, y enlistó: “el desvío de mil 27 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Federales para la Educación Básica, constitutivo del delito de daño patrimonial; los impuestos retenidos a los trabajadores y no enterados al Sistema de Administración Tributaria durante los ejercicios 2007, 2010, 2011 y enero de 2012, por un monto de dos mil 728 millones 724 mil 763 pesos, probablemente constitutivo de daño patrimonial en perjuicio de la Federación y la entidad; los 302.3 millones de pesos que no fueron reportados como parte de las Participaciones Federales recibidas por el gobierno del estado en 2011, probablemente constitutivo del delito de daño patrimonial”, entre otros.
Juan Carlos Orihuela Tello señaló que sin prejuicio, falsa demagogia, difamación, dolo, fobia, sesgo, motivación política o cosa que se les parezca, contiene el dictamen de mayoría del informe de la Auditoría Superior de Michoacán.Presidente de la Comisión Inspectora de la ASM, señaló que dicho dictamen tiene únicamente una naturaleza y un carácter técnico, lo cual indica que no reconoce ni concede valor a “abstracciones fantasiosas, descalificaciones gratuitas y hechos no consolidados, sino exclusivamente a datos y elementos objetivos que constituyan indicio o evidencia probatoria de verdades que pueden estar en los pliegues ocultos de la realidad”.
Orihuela Tello refirió que el dictamen sólo contiene cotejos de cifras y una compulsa fría de elementos, reportes, documentos e informes de auditoría, que se han vuelto contable y jurídicamente relevantes para establecer un juicio sobre lo que probablemente ocurrió con las finanzas públicas del Estado en 2011.
Tres son los elementos en los que versa el dictamen a decir de Orihuela Tello: “”no es personal ni partidista, sino únicamente institucional, por donde se lo vea, porque en la democracia los inventarios, la actividad crítica, las evaluaciones y los dictámenes son parte de una tarea colectiva y sirven a la salud de los gobiernos y las sociedades.
Dijo, “su valor no radica en repartir anatemas al pasado que se fue, tampoco en endilgar etiquetas al presente ni en imponer estigmas de buen o mal comportamiento público, sino en desahogar una de las etapas procesales de la transparencia y la fiscalización, para construir juntos la certeza jurídica de lo que se hizo bien o de lo que se hizo mal”.
Agregó, “el congreso no puede ni debe incurrir en un acto de omisión en relación con sus facultades constitucionales, ni renunciar a ejercer la principal de sus obligaciones jurídicas, como es la de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización en beneficio del interés general y de la verdad”.
Aseguró que la transparencia y la ética en la función pública, no fueron un rasgo que distinguiera al oficio de gobierno en 2011, y enlistó: “el desvío de mil 27 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Federales para la Educación Básica, constitutivo del delito de daño patrimonial; los impuestos retenidos a los trabajadores y no enterados al Sistema de Administración Tributaria durante los ejercicios 2007, 2010, 2011 y enero de 2012, por un monto de dos mil 728 millones 724 mil 763 pesos, probablemente constitutivo de daño patrimonial en perjuicio de la Federación y la entidad; los 302.3 millones de pesos que no fueron reportados como parte de las Participaciones Federales recibidas por el gobierno del estado en 2011, probablemente constitutivo del delito de daño patrimonial”, entre otros.
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