No se dieron nombres pero todo mundo los conoce es mas buscaron el amparo federal porque bien sabían el conchinero que habían dejado, Jesùs Adame y compañía a temblar.
Raùl PUENTE-MORALES.
En la actual administración, la Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacàn ha revisado 263 obras ejecutadas o iniciadas por el gobierno anterior, en las cuales detectó irregularidades en un grupo que comprende entre 50 y 60 obras, por un monto de 500 millones que pesos.
Las obras observadas se encuentran en proceso de aclaración, pero algunas ya derivaron en la aplicación de sanciones a 105 ex funcionarios, las cuales van desde su inhabilitación en cargos de la administración pública por periodos de uno a tres años, así como la restitución de montos económicos.
De esta manera lo dio conocer el titular de la Cocoem, Roberto Coria Villafuerte, durante la entrevista que concedió este miércoles a medios de comunicación, en instalaciones de la misma dependencia.
El funcionario dejó en claro que la Coordinación de Contraloría no es la instancia que debe determinar si hubo o no desfalco por parte de funcionarios de la administración Godoyista, y serán los órganos fiscalizadores los que en su momento habrán de resolver tal incógnita.
Observaciones detectadas por la Contraloría
Comentó que en lo que va del gobierno estatal actual, la Coordinación de Contraloría ha revisado 263 obras, que en lo global ascienden a poco más de 3 mil millones de pesos, y que algunos procedimientos se hicieron en coordinación con la Secretaría de la Función Pública debido a que se derivan de programas convenidos con la federación.
Las ejecutoras de dichas obras fueron once dependencias, entre las que se encuentran: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Junta de Caminos, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Agencia Estatal de Atracción de Inversiones, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuentas y la Secretaría de Desarrollo Económico; así como alrededor de 50 municipios en los que se realizó obra convenida.
Enunció que de dicho universo de 263 obras, fueron observadas entre 50 y 60 de ellas, por un monto de 500 millones de pesos, las cuales se encuentran aún en proceso de aclaración.
Principalmente corresponden a obras hospitalarias, de agua potable y alcantarillado, drenajes, caminos y plantas de tratamiento de aguas residuales, en “varios” municipios.
A manera de ejemplo, habló de los hallazgos que desde hace unas semanas reveló el gobernador interino, Jesús Reyna García, en los municipios de Indaparapeo, Maravatío y Nuevo Parangaricutiro, donde se pagaron obras que no fueron realizadas. Corresponden al ejercicio fiscal 2011.
Detalló que en Indaparapeo, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), como ejecutora, pagó 2.5 millones de pesos por una línea de conducción de agua potable que no se concluyó, mientras que en Nuevo Parangaricutiro, la misma dependencia erogó 8.4 millones de pesos para la realización de una planta de tratamiento de aguas residuales que de igual manera no se terminó. Añadió que por tratarse de una inversión conjunta, en este último caso intervino también la Secretaría de la Función Pública.
En Maravatío, expuso, la Junta de Caminos pagó poco más de 10 millones de pesos para la realización del camino Campo Hermoso – Senguio, obra que tampoco se ejecutó.
Sin citar más casos concretos, Roberto Coria refirió que son alrededor de quince, las obras en las que se detectaron pagos que no fueron devengados, o bien, casos de contratos firmados con empresas a las que no se les entregó el anticipo correspondiente para el arranque de los trabajos.
Procedimientos administrativos
Coria Villafuerte recordó que a la Contraloría estatal le corresponden los procedimientos de sanción administrativa, y también le toca coadyuvar con cada una de las dependencias y entidades para que conformen los expedientes y sean las que presenten directamente los procesos legales en contra de quienes resulten responsables.
Dio a conocer que a la fecha, la Cocoem ha instaurado 975 procesos administrativos, de los cuales 683 ya fueron resueltos. De ahí se derivaron sanciones a 105 servidores públicos, que fueron inhabilitados para desempeñarse en cargos públicos por periodos de uno a tres años, y otros más tendrían que restituir montos económicos, por cifras que no fueron precisadas.
Indicó que los ahora ex funcionarios incurrieron en faltas como no haber observado la norma, no contar con documentación comprobatoria y no haber comprobado fondos revolventes.
El contralor estatal se reservó los nombres de las personas implicadas en dichas faltas, con el argumento de que la secrecía de la información quedó establecida desde el inicio de los procedimientos administrativos. No obstante, apuntó que en su mayoría se trata de personas que se desempeñaban como encargadas de área y delegados administrativos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario