Michoacán es una de las principales entidades receptoras de autos “chocolate”. Sin embargo, no existen cifras exactas sobre la cantidad de éstos en el estado ni tampoco una regulación que asegure mantener los objetivos con que se comenzó a promover la internación de automóviles usados de los Estados Unidos. Los industriales y comerciantes automotrices se quejan por afectaciones al sector y las organizaciones campesinas buscan mantener, de una forma o de otra, la existencia de este flujo de automóviles.automóviles que no sean de modelos anteriores al 2004 y que además cumplan con características que no dañen al medio ambiente.Por el momento la legalización de automóviles usados que fueron internados en el país, provenientes del vecino del norte está parada; sólo en la frontera se pueden legalizar, según informó la Coordinación Estatal de la Unión Democrática Campesina (UDC).
La UDC es una de las organizaciones campesinas que fueron de las que después de emitido el decreto en el cual se permitía la legalización de automóviles fuera de la franja de la frontera norte (a mediados de los ochenta), abanderaron la “lucha” por la legalización de “chocolates” desde mediados de la década pasada.
La UDC y la Confederación Nacional Campesina (CNC), entre otras, que son las más grandes en Michoacán, referentes a organizaciones campesinas que se dedican es esta tarea, son algunas de las que “ayudan” a campesinos a gestionar la legalización de sus automotores.
Sin embargo, miembros de ambas organizaciones se echan culpa de engañar/timar a campesinos con presuntos apoyos para que puedan circular legalmente sus carros que son adquiridos en los Estados Unidos o aquí mismo en el país, pero que provienen del otro lado del Río Bravo.
La CNC, organización que nace de las filas del priísmo como parte del movimiento organizado del tricolor en el campo, no es precisamente la que abandera entre sus objetivos el tema de los carros “chocolate”, como lo hace la UDC.
Esta última, se creó en 1989, y fue una de las tantas que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Obviamente, su filiación era perredista, pero a partir de 2005, el ex senador perredista, Antonio Soto, informó para un medio de comunicación de circulación nacional, que la UDC había dejado la lucha campesina dentro de las filas del partido del sol azteca para sólo dedicarse a la legalización de chocolates para el medio rural.
La misma coordinación de la UDC también se deslindó de alguna filiación partidista y aclaró que su función es sólo el apoyo para campesinos en la legalización de carros importados.
Cifras sin control
Entre exageraciones y omisiones, la verdad sobre la cantidad de autos chocolate que circulan en territorio michoacano se desconoce.
Por su parte, la UDC dice tener, a la fecha, sólo 400 miembros afiliados, tanto con carros legalizados como por legalizar, aunque cabe mencionar que cada persona que busca afiliarse a dicha organización para resolver el problema con su automóvil, para mantener su afiliación, no debe acumular tres faltas en las reuniones que eventualmente realiza la organización durante el año, por lo que el número de afiliados reales es reducido, pero la cantidad de michoacanos y michoacanas que se han acercado a la UDC se cuenta en miles desde hace varios años.
La organización campesina no tiene una cifra estimada de carros chocolate que circulan en la entidad, pero se calcula que sean más de 100 mil.
En otro cálculo, que ronda en la exageración, es el mencionado por el titular de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) en Michoacán, Juan Pablo Arriaga Díez, que hace más de una semana declaró ante medios de comunicación locales que en un lustro entraron cuatro millones de autos chocolate a la entidad.
La exageración se encuentra en el promedio de carros que cada año entran por la frontera norte al país, que ha oscilado entre 750 mil y 700 mil en la última década, y de éstos, según cálculos tanto de Aduanas como del Banco del Ejército, es que un 25 por ciento de estos automotores se queda en territorio nacional de manera ilegal.
En este sentido, un estimado de los carros usados importados que cruzan la frontera en cinco años es de 3.5 millones, y de estos, son cerca de 900 mil los que se quedan en territorio nacional, repartidos entre diversos estados de la República y no sólo en Michoacán. Con esta estimación, cada año se suman unos 180 mil autos chocolate al parque vehicular del país.
En un estudio realizado por la Cámara de Diputados en 2004, se mencionó que los estados del país en los que se concentró la mayor cantidad de automóviles usados importados fueron Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Pero de este conjunto de entidades, las que puntean con la mayor cantidad de autos, aunque se desconoce la cifra exacta, son Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro y Guanajuato.
A pesar de que éstas no son entidades que se encuentran en la franja fronteriza del país, son las que mayor número de autos concentran; esto nos hace pensar en la alta relación que existe entre la migración laboral de estos estados hacia los Estados Unidos y la internación de autos chocolate.
Cabe apuntar que, para abonar a clarificar esta relación, en cuanto a la percepción de remesas a nivel nacional estos estados ocupan los lugares primero en Michoacán, segundo en Guanajuato, tercero en Jalisco, doceavo en Zacatecas y vigésimo en Querétaro, lo que indica su importancia en la cantidad de trabajadores de esas entidades que residen en los Estados Unidos.
Si obedecemos la proporción de automóviles usados importados que según cálculos de la gerencia nacional del AMDA existe en el país, que es de un 25 por ciento del parque vehicular, en Michoacán existirían, a estas fechas, unos 407 mil autos chocolate en circulación, de los que un millón 631 mil automotores que forman el parque vehicular michoacano.
Las quejas de los distribuidores de autos nuevos
Tanto a nivel nacional como en la entidad, la AMDA ha representado el sector que más se ha opuesto a la importación de autos usados, por la sencilla razón de que afectan sus ventas. No obstante, también refieren daños al medio ambiente porque consideran que en su mayoría los chocolate son autos en pésimas condiciones, comparables con chatarra, y porque además no se encuentran circulando de forma legal en el estado.
Las quejas se extienden desde los gobiernos de la frontera norte hasta organizaciones de distribuidores de autos en todo el resto del país, donde incluso, un funcionario del gobierno de Coahuila mencionó la semana pasada que por cada chocolate que ingresa al país se pierde un empleo en el sector de la industria automotriz nacional.
Costos
Actualmente, los costos para legalizar un automóvil importado usado oscilan entre los tres mil y los 16 mil pesos, según datos otorgados por la Coordinación Estatal de la UDC. No obstante, actualmente la mayoría de dichos automotores no pueden legalizarse hasta que se emita un nuevo decreto para el resto del país en el que se permita la regularización de los que son modelos anteriores al 2004, y la única opción para realizar dicho trámite es dirigirse a la frontera y presentar la documentación necesaria, además de pagar el importe para la libre circulación del vehículo extranjero, siempre y cuando su modelo sea igual o más reciente que el 2004.
En cuanto a su adquisición, los automóviles usados procedentes de los Estados Unidos varían significativamente en precios, donde existen algunos que pueden ser adquiridos en menos de 30 mil pesos hasta otros que prácticamente son de lujo y cuestan arriba de los 100 mil pesos.
En este punto es donde la regulación de dicho mercado también falla, pues no solamente no se tiene el registro adecuado de la cantidad y el tipo de autos que entran al país y al estado, sino que también se sale de los objetivos para permitir la legalización de carros chocolates, que fue, en principio, una estrategia para apoyar a los sectores de menores ingresos en el campo para adquirir vehículos que sirvan para sus labores diarias.
Ante la ausencia de cifras sobre esta situación, cabe apuntar que basta con salir a la calle y observar a los autos que portan los permisos temporales de circulación, que por acuerdo con la Policía Federal Preventiva, otorga la UDC, donde se pueden observar vehículos con calcomanía y placas de la organización que distan de ser instrumentos de trabajo para campesinos, pues en ocasiones se ven circulando camionetas de modelos recientes y marcas élite, sin ningún aditamento especial para servir como maquinaria en las labores campesinas.
La legalización
La historia de la permisibilidad gubernamental para que circulen legalmente autos chocolate en el país comenzó en 1978, cuando se permitió la legalización de estos automotores en la franja fronteriza del país.
Sin embargo, ya para 1983 se amplió el acuerdo legislativo para regularizar vehículos de procedencia extranjera que se empleen como instrumentos de trabajo para la realización habitual de actividades agropecuarias o forestales.
No obstante, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, se estableció que a partir del 1 de enero del 2009 y de forma gradual hasta 2019, no se permitiría restricción alguna para la importación definitiva de automóviles usados procedentes de Estados Unidos y Canadá.
Es así que el pasado 1 de julio de este año entró en vigor el nuevo decreto para regular la importación permanente de vehículos usados, en el cual se agregó en el párrafo 6 la disposición para evitar que entren automóviles que dañen al medio ambiente, y éste dice:
“No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como requerir a los importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, de conformidad con lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario