Raúl PUENTE-MORALES.
De manera unánime, en el Congreso del estado se aprobó reformas a disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con lo que los diputados dieron respuesta a la necesidad de legitimar las políticas en la materia y vincular a la sociedad con ese problema para que las acciones gubernamentales cuenten con mayor impacto y sean más eficaces.
Con lo anterior, se fortalece la participación e integración de las y los michoacanos para que coadyuven en las actividades tendientes a la protección, prevención e impartición de justicia.
En el mismo tenor y con el objetivo de contar con un programa efectivo de protección de testigos que establezca los aspectos relevantes del tema, entre los que destacan los candidatos a su ingreso, clasificación de los testigos con base en la trascendencia de lo aportado en su declaración, ponderando así la información útil para interceptar una operación delictiva, detener a miembros de una célula o lograr la captura de los cabecillas de un cártel, el Congreso del Estado sometió a consideración del Congreso de la Unión, Iniciativa de Derecho que adiciona diversos artículos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De esta manera, se propone trabajar en la implementación de programas de protección de testigos para incentivar y reforzar la participación de personas implicadas en el crimen organizado, ya que se pretende que proporcionen información que permita el desmembramiento de dichas bandas.
El Congreso del Estado se sumó a la Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando con ello a la Carta Magna el derecho a la alimentación, así como establece que el Estado se responsabilizará de elaborar y llevar a cabo políticas públicas encausadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad, mediante un desarrollo rural integral, con el objetivo de materializar este derecho como garantía.
Por otra parte, con la intención de orientar el ejercicio de los derechos sociales de la población para que trascienda y logre equilibrar los objetivos del crecimiento económico y de justicia social que demanda el Estado, fue sometido a primera lectura el proyecto de Ley de Desarrollo Social de Michoacán.
Así, se busca generar las herramientas necesarias que permitan a todos los actores en materia de gestión social, el otorgamiento de apoyos y la realización de obras encaminadas al desarrollo social para que, de manera cuantitativa y cualitativa, puedan cumplir con el mandato que cada uno tenga establecido. Fue turnada a las comisiones de Desarrollo Social y Gobernación para su análisis.
Cabe señalar que los diputados integrantes de la LXXI Legislatura se encuentran alerta sobre “las inconsistencias que en ocasiones tienen los datos que se manejan sobre los recursos económicos del Estado y las consecuencias que representan. Ante esto, es fundamental generar condiciones jurídicas que abonen a la prevención y, en su caso, solución del problema”, puntualizó el legislador Gonzalo Elvira Cabrera al presentar proyecto de reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán.
En consecuencia, propuso adicionar un octavo párrafo al artículo 2 de la Ley antes referida, a fin de citar que “nunca, dentro de los seis meses antes del día a aquel en que concluya un periodo constitucional de gobierno, podrá contratarse, refinanciarse o reestructurarse deuda pública o cualquier otro acto, cualquiera que sea su denominación, tendiente a comprometer, en algo, la hacienda pública estatal o municipales, según sea el caso.” Fue turnada a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública para su estudio, análisis y dictamen.
Dentro de la misma sesión, los diputados Juan Carlos Campos Ponce, Francisco Campos Ruíz, Roberto Arriaga Colín, David Huirache Béjar y Wilfrido Lázaro Medina solicitaron al Pleno del Congreso local licencia por tiempo indefinido y sin goce de sueldo para separarse de sus cargos.
José Armando Bartolo de Jesús y Pedro Tello Gómez fueron designados presidentes municipales sustitutos de los Ayuntamientos de Erongarícuaro e Hidalgo, respectivamente, toda vez que cumplen los requisitos de elegibilidad mandatados por la Constitución, respetándose así su origen partidista y la opinión de la ciudadanía.
Finalmente los diputados Wilfrido Lázaro Medina, Juan Carlos Campos Ponce, David Huirache, del PRI, y Roberto Arriaga Colìn, solicitaron separarse del cargo sin goce de sueldo y por tiempo indefinido, ellos buscaràn ser candidatos a presidentes municipales de sus respectivos municipios, todos ellos a partir del primero de agosto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario