La nueva mesa directiva está presidida por Fidel Calderón y Reginaldo Sandoval entre otros.
Raúl PUENTE-MORALES
Con una serie inagotable de propuestas de acuerdos y pactos por Michoacán planteadas por las bancadas parlamentarias estuvo impregnado el arranque del segundo año de la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán.Con casi una hora de retraso, en la Sesión Solemne programada para el inicio de un nuevo año legislativo, estuvo cargada de llamados al diálogo, la unidad y el bienestar del estado, cada uno con su matiz, desde la perspectiva política y partidista de los oradores que los emitieron.Los panistas plantearon “un gran acuerdo por Michoacán”, que parte de cinco rutas que abarcan desde lo
social hasta lo económico; los perredistas convocaron a los diferentes niveles de gobierno y sectores del estado a una causa común en materia fiscal; en tanto que los priistas proponen cuatro pactos como base del orden y desarrollo del estado.
En tanto los diputados únicos de partido, en sus intervenciones enfatizaron la necesidad de consensos y diálogo por igual al interior del Congreso local.
Los posicionamientos de las diferentes fuerzas parlamentarias, no estuvieron exentos del golpeteo político y las recriminaciones, de manera particular el tema financiero estatal saldría a relucir recurrentemente en los discursos.
En voz de la legisladora Bertha Ligia López Aceves, la fracción panista fue la primera en posicionarse para convocar a construir una agenda de desarrollo denominada Michoacán 20-30, en la que se tracen los ejes de desarrollo para el crecimiento del estado en los próximos 20 años.
El acuerdo que plantea el PAN parte de cinco ejes. El primero denominado “Michoacán diverso y participativo”, en donde se ponga el acento en la participación ciudadana, de manera que la democracia estatal no sólo sea participativa, sino también deliberativa.
El segundo eje lo denominan como “Michoacán eficiente y transparente”, para optimizar los recursos públicos, avanzando en la ruta de la eficiencia y la racionalidad del gasto; otro eje más lo llaman “Michoacán justo y democrático”, en donde se fortalezcan los órganos de impartición de justicia desde una perspectiva amigable, moderna y conciliadora.
El cuarto eje “Michoacán moderno y próspero”, abarca el desarrollo económico del estado que permita abatir la violencia, así como una gran reforma educativa. Y el último eje “Michoacán de vanguardia”, propone una reingeniería gubernamental y administrativa que sintonice los órganos del Estado con las necesidades de la gente y las tendencias de un mundo globalizado.
Luego vino el turno del PRD a través del diputado Armando Hurtado Arévalo, quien planteó impulsar una causa común con el propósito de fortalecer las finanzas de la entidad.
La invitación fue al Ejecutivo, a los senadores y diputados federales por Michoacán para sumar esfuerzos y cambiar la fórmula de distribución de recursos, mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. También llamó a los 113 ayuntamientos para enriquecer la propuesta y sumarse al debate.
Para los perredistas éste es el año de los acuerdos dentro de la legislatura, y conforme a lo expresado por Hurtado Arévalo, sus integrantes están listos para llegar a los acuerdos con las demás fuerzas políticas para establecer una agenda mínima de leyes y reformas, que beneficien a los michoacanos.
El PRI por su parte, mediante el legislador Salomón Rosales Reyes planteó cuatro pactos por Michoacán destinados a definir una hoja de ruta y una calendarización para la reactivación integral de los sectores clave para el desarrollo del Estado.
El primer pacto es por la firma de un acuerdo político para asegurar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática del estado, lo que implica “el compromiso de todas las organizaciones de la sociedad civil y del conjunto de los partidos políticos a favor de la paz”.
El segundo pacto es para la firma de un acuerdo estratégico para sanear las finanzas públicas e iniciar la recuperación del empleo y la reactivación económica del Estado; el tercer pacto también implica la firma de otro acuerdo, este por la recuperación integral de la calidad del sistema educativo del Estado.
Finalmente el cuarto pacto propone la firma de otro acuerdo, éste interinstitucional, con la participación de los tres poderes, los dos órdenes de gobierno y las dependencias responsables de las estructuras de seguridad y justicia en el Estado, a favor de disminuir la incidencia de delitos en la entidad.
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